El Concejo Deliberante de Paraná trata en sesión los tres proyectos sobre el revalúo fiscal

Los tres proyectos ingresados ayer al Concejo Deliberante de Paraná sobre el revalúo fiscal quedaron reservados en Secretaría para ser tratados en la sesión extraordinaria de hoy, convocada para las 9, en la que se estima la presencia de Vecinos Autoconvocados que se oponen al aumento de tasas.
La presta sesión de ayer se limitó a la formalidad de ingresar los tres textos. El proyecto oficial, presentado por la concejala Marta Alem, ratifica del Decreto 1769/08 y su modificatoria el 25/09 sobre la “actualización del valor medio de metro cuadrado de superficie de la tierra para el ejido municipal, y los valores básicos a las mejoras incorporadas sobre la tierra de las parcelas catastrales”.

En su artículo 2 se establece la consolidación de la suspensión establecida en el marco del artículo 4º del Decreto Nº 1.769/08, modificado por Decreto Nº 25/09 del DEM mediante el otorgamiento de un crédito fiscal anual, renovable automáticamente en cada ejercicio, materializado en forma de descuento del 100% del efecto de la aplicación de la actualización de los avalúos fiscales ratificados por el artículo anterior, en la Tasa General Inmobiliaria, correspondientes a aquellos inmuebles ubicados en la zona de vaulación 4 y 7. De igual modo, se establece un crédito fiscal anual de 100% en la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios a las partidas inmuebles cuya titularidad pertenezca a jubilados y pensionados que gocen de los beneficios de exención parcial previstos en a parte especial del Código Tributario Municipal.

En sus fundamentos el oficialismo destaca los estudios técnicos llevados a cabo por la Secretaría de Coordinación Económica, en el caso de la valuación fiscal de la tierra, y de la Secretaría de Planificación, que aportó datos para actualizar el valor del metro cuadrado de las superficies edificadas.

Por otra parte se refiere al criterio de progresividad en la aplicación del revalúo “en atención a la capacidad contributiva de los vecinos y la calidad y cantidad de servicios brindados en casa zona”.

Asimismo se puso énfasis en el régimen de exenciones previstos en el decreto que se pide ratificar y destaca “la modificación superadora” de instituir un sistema de créditos fiscales en forma de descuentos del 100% del efecto de la actualización de avalúos. Éstos certificados llegarán con la boleta de pago y serán por un monto igual al incremento correspondiente.

También ingresaron dos iniciativas de la oposición (bloque de la UCR y de la Concertación Entrerriana CE) que proponen dejar sin efecto o “derogar” la actualización establecida por el Decreto 1.769/08 y el 25/09.

En el caso de la propuesta radical se adiciona la creación de una Comisión Asesora de Valuación General de Bienes Inmuebles.

En sus argumentos el texto del bloque señala que el contenido del decreto en cuestión no respeta las formas valuatorias de la Ordenanza 7.125, ya que establece dos importes para la tierra libre de mejoras, diferenciando lo edificado de los baldíos; lo que choca con el artículo 8º de la norma. Por otra parte, se establecen cuatro zonas tributarias, cuando la Ordenanza 7.125 dispone siete. En este punto se explica que, de crear nuevas zonas, se debería hacerlo mediante una Ordenanza.

Asimismo se cuestionan que los cálculos estén basados en un “supuesto estudio técnico realizado por la Secretaría de Coordinación Económica” y no se haya dado intervención a una comisión de idóneos y sectores involucrados.
En ese sentido, los ediles radicales proponen dejar sin efecto los decretos del revalúo “por carecer de sentido progresista y distributivo” y crear –por Ordenanza– una comisión asesora conformada por instituciones relacionadas a la actividad de la construcción, valuación de tierras y valores de mercado, además de comisiones vecinales, funcionarios municipales de las áreas relacionadas y ediles de los tres bloques que conforman el Concejo.

En tanto el concejal Emanuel Martínez Garbino del bloque unipersonal de la CE calificó a ambos decretos de “unilaterales” y “discrecionales”, impuestos con “arbitrariedad” y de manera “inoportuna” dada la situación económica que padece la comunidad.
En el artículo 2º, su proyecto plantea reestablecer las valuaciones fiscales vigentes al 29 de diciembre de 2008; y en el 3º establece que la actualización del valor medio del metro cuadrado de tierra libre de mejoras y de las mejoras incorporadas, sólo podrá hacerse por Ordenanza del Concejo Deliberante.

El articulado hace hincapié en la necesidad de “aplicar una política progresiva y equitativa de ampliación de la base contributiva, frente a “servicios efectivamente prestados por la comuna”, planteando el estudio y análisis de las avalúos y las tasas, para luego dar la discusión correspondiente en relación a la valuación de los bienes mobiliarios”.
Días atrás, con motivo de las protestas de los vecinos autoconvocados, había propuesto un relevamiento sobre toda la normativa municipal y otros elementos relativos a los valores de los inmuebles en el ejido para que el Concejo Deliberante analice la situación y se pueda hacer un diagnóstico sobre el tema y acerca de la prestación de servicios que permita debatir seriamente el valor que deben tener el avalúo y las tasas municipales.


La oposición criticó “las formas” como se trató el tema del revalúo. Martínez Garbino se refirió a una “actitud de especulación y conveniencia” por parte del Ejecutivo al plantear momentáneamente la liquidación de tasas en algunas zonas de la ciudad, fundamentalmente en el centro, para evitar el rechazo generalizado de la ciudadanía. “Para esto el decreto 25/09, a diferencia del anterior, el 1.769/08 establece que la sola voluntad el intendente decidirá el momento en que el nuevo revalúo se liquide y aumente las tasas en el resto de la ciudad, lo que pone en evidencia la arbitrariedad y oportunismo de la medida”.

Desde la UCR se hizo notar la táctica empleada por el oficialismo al convocar a dos sesiones extraordinarias con la intención de aprobar su proyecto por mayoría automática haciendo valer el quórum propio, a dos días del inicio de las sesiones ordinarias en las que los proyectos recorrerían distintos pasos y tiempos ya que entraría para su tratamiento en comisión y debería aguardar el tratamiento sobre tablas.